Derecho A Saber

Día Internacional del Derecho a Saber

Con ocasión del Día Internacional del Derecho a Saber, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aplaude las medidas recientemente adoptadas por Argentina, Estados Unidos y Perú, para garantizar el acceso a la información en las Américas de acuerdo con los estándares internacionales de derechos humanos.

El 14 de septiembre de 2016, Argentina adoptó la Ley de Acceso a la Información Pública, con lo cual se incorpora al grupo de las otras 22 naciones del hemisferio que han promulgado normas para garantizar el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información pública por parte de los ciudadanos, adecuando con ello su legislación interna a los estándares interamericanos en la materia. La nueva ley reconoce los principios rectores de máxima divulgación, buena fe y no discriminación que deben regir la gestión estatal para garantizar el ejercicio pleno del derecho de acceso a la información. De igual forma, dicha ley crea la Agencia de Acceso a la Información Pública como parte del Poder Ejecutivo como órgano especializado garante de este derecho e impone la obligación a los otros poderes del Estado de crear un órgano de similares características.

El 12 de septiembre de 2016 el gobierno de Perú estableció un grupo de trabajo destinado a redactar un proyecto de ley para la creación de una oficina autónoma [Autoridad Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales] para promover y garantizar la ejecución efectiva del derecho a la información en el país. Perú es el único país de la región cuya ley sobre acceso a la información (Ley No. 27806 de Transparencia y Acceso a la Información Pública) no estableció una entidad encargada.

El 30 de junio de 2016, Estados Unidos aprobó la Ley de 2016 para “Mejorar las Normas de Libertad de Información” (FOIA Improvement Act 2016). La Ley de 2016 hace varias modificaciones positivas a la anterior Ley de Libertad de Información (Freedom of Information Act FOIA por sus siglas en inglés). La nueva ley codifica la presunción de publicidad, según el cual “ante la duda, las agencias federales deben primar la apertura”, así como el principio de buena fe que impone a las agencias gubernamentales la obligación de motivar sus respuestas e informar al solicitante de la información sobre sus derechos. De igual forma, la ley pretende modernizar el procedimiento de divulgación al fortalecer una divulgación proactiva de la información en formato digital e incorpora en la ley obligaciones de monitoreo y control de las solicitudes de información procesadas, de las divulgaciones realizadas, de las excepciones aplicadas y de las apelaciones presentadas por cada agencia, así como de toda la información relacionada con la implementación de los procesos establecidos en la norma.

De igual forma, en agosto de 2016, el Secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, entregó al gobierno de Argentina una serie de documentos clasificados sobre la dictadura militar argentina, recogidos por las agencias de inteligencia y fuerzas policiales estadounidenses. Los Estados Unidos han entregado documentos clasificados similares en reuniones de alto nivel con la presidente de Brasil en 2014 y de Chile en 2015.

La Oficina del Relator Especial para la Libertad de Expresión ha reiterado en diferentes ocasiones que “el derecho al acceso a la información es una herramienta crítica para el control del funcionamiento del Estado y la gestión pública”. Garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales también son pasos concretos hacia el logro de los objetivos trazados en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. De igual forma, la Oficina del Relator Especial para la Libertad de Expresión ha afirmado que las víctimas de graves violaciones a derechos humanos y sus familiares, así como la sociedad entera, tienen el derecho a saber la verdad sobre las atrocidades cometidas en el pasado. En este sentido, los gobiernos nunca deben negar acceso a información relacionada con graves violaciones de los derechos humanos.

La Oficina del Relator Especial para la Libertad de Expresión celebra estas medidas e insta a otros Estados a que adopten todos los pasos necesarios para garantizar que sus sistemas jurídicos e institucionales reflejen los estándares internacionales sobre el acceso a la información.

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